Dejemos que Sortu sea legal.

El pasado 9 de Febrero, 5 miembros de Sortu presentaron en el Ministerio del Interior los estatutos de la nueva formación con la intención de concurrir a los comicios locales y autonómicos (Navarra) del próximo 22 de Mayo. En esos estatutos, inspirados según dicen en los PSOE, rechazan cualquier forma de violencia, incluida la de ETA. A pesar de reconocer que era un paso importante, el Gobierno trasladó al fiscal los informes de la Policía y de la Guardia Civil en los que se sostenía que Sortu se había creado bajo el control directo de ETA con el objetivo de impedir su inscripción como partido político en el registro del Ministerio del Interior.

Las dudas entorno a los propósitos de la nueva formación se han repetido múltiples veces en los últimos meses, sobre todo en las filas más conservadoras, no necesariamente restringidas al PP. Se afirma que su rechazo de la violencia no es sincero, que es tan solo un maquillaje que busca, únicamente, retornar a las instituciones democráticas. También se habla de planes B, o C; de Sortu como un señuelo, de un pacto con EA, de aplicar una cuarentena, de la misteriosa voluntad del legislador, de que tenemos derecho a desconfiar, del entorno y del entorno del entorno.

Todas estas excusas esconden que en el fondo, haga lo que haga Sortu, la intención de los principales partidos de ámbito nacional (el PNV, como siempre, parece situarse en la cómoda equidistancia) es no permitir que Sortu se presente a las próximas elecciones de Mayo. Primero, se les exigió condenar o rechazar la violencia y cuando lo hicieron, lo dicen sus estatutos, se les obligó a condenar todos y cada uno de los actos, probados o supuestos, de ETA, cosa que también han hecho, rechazando desde la violencia callejera hasta los presuntos planes de ETA de atentar contra el lehendakari o las Torres Kio. Ahora eso ya no vale, hay que condenar, rechazar no sirve, toda la violencia presente, pasada y futura; y además esperar a que ETA desaparezca. Y todo esto sin que Mayor Oreja abra la boca, lo que puede llevar a que las exigencias se amplien hasta dimensiones inimaginables.

Muchos se aferran a una teoría que más parece un dogma bíblico que un principio democrático: si has pertenecido en algún momento a Batasuna – o figurado en sus listas electorales – a ETA o al entorno de la misma, nunca podrás participar en un proceso democrático. Esto es grave, porque sin que medie una condena hemos suprimido el derecho al sufragio pasivo, el derecho a ser votado, de miles de personas que nunca han cometido más delito que pertenecer a un partido político hoy ilegal. ¿Y si algún ex-miembro de Batasuna se afilia al PSE, o al PSOE en otra comunidad? ¿Los ilegalizamos? Pongamos un ejemplo, por supuesto totalmente hipotético. Pongamos que una persona de las que consideramos respetables, digamos un médico o un profesor de universidad, ha figurado en alguna lista de Batasuna en los años 80. Eso no sería extraño, porque durante los 80 HB también se presentaba a las elecciones generales y europeas. Esa persona, pasado el tiempo y por múltiples razones, acaba en unas listas locales del PSOE en Almería, Huesca o Salamanca. ¿Ilegalizamos esas listas del PSOE por llevar en ellas a un antiguo miembro del entorno de ETA?

¿Dónde están escritos todas esos requisitos que ahora imponemos a Sortu? El Estado y los partidos políticos tienen que ser los primeros en cumplir la ley y si Sortu lo hace; el Estado no puede cambiar las reglas del juego a mitad de la partida para evitar que intervengan nuevos jugadores. Si Sortu cumple la ley, y parece que lo está haciendo, el Estado tiene que permitir la inscripción de Sortu en el registro del Ministerio del Interior. Cuando Aralar se separó de Batasuna y rechazó la violencia lo consideramos un éxito. Que surja una nueva marca que rechaza también la violencia debería ser interpretado como un nuevo éxito, no como una afrenta a los caidos, la democracia y la Constitución.

La Ley de Partidos tenía un único objetivo: ilegalizar Batasuna para debilitar a ETA. Fue un éxito que pocos esperaban. La lucha contra el entorno, el esfuerzo policial y la situación internacional han dejado a la banda terrorista al borde de la extinción y han propiciado el rechazo  sus antiguas bases sociales a la estrategia terrorista. Matar a alguien, por desgracia, es fácil y puede suceder que ETA vuelva a matar, pero va siendo hora de asumir que hemos vencido, que hemos derrotado a ETA y que tarde o temprano, yo diría que temprano, ETA va a desaparecer.

Al gestionar esta victoria tenemos que tener presente que el objetivo último tiene que ser integrar en la vida política democrática a todos los ciudadanos de Euskadi, igual que integramos, en ocasiones anteriores, a defensores de otras posturas e ideologías poco democráticas. Que los terroristas paguen con sus crímenes, sí, pero que nadie más se vea lastrado por ellos. La legalización de un partido de la izquierda abertzale que rechaza la violencia y su participación en los procesos democráticos fortalece al Estado y a la democracia y resta argumentos tras lo que ampararse a los violentos.

Legalicemos Sortu, dejemosles participar. Si el tiempo demuestra que nos equivocamos al legalizarlo, el Estado tiene herramientas para actuar, para ilegalizar a la nueva marca, para repudiar de nuevo a los violentos. Por el contrario, si el tiempo demuestra que nos equivocamos al no legalizarlo, al no permitir su presencia en las elecciones del próximo Mayo ¿podremos remediar ese error?

Como dice hoy Eguiguren en El País, pulso firme y mano tendida.

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