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El final de ETA

“Matar a alguien, por desgracia, es fácil y puede suceder que ETA vuelva a matar, pero va siendo hora de asumir que hemos vencido, que hemos derrotado a ETA y que tarde o temprano, yo diría que temprano, ETA va a desaparecer.

Al gestionar esta victoria tenemos que tener presente que el objetivo último tiene que ser integrar en la vida política democrática a todos los ciudadanos de Euskadi, igual que integramos, en ocasiones anteriores, a defensores de otras posturas e ideologías poco democráticas. Que los terroristas paguen con sus crímenes, sí, pero que nadie más se vea lastrado por ellos. La legalización de un partido de la izquierda abertzale que rechaza la violencia y su participación en los procesos democráticos fortalece al Estado y a la democracia y resta argumentos tras lo que ampararse a los violentos.”

Esas lineas están escritas en este mismo blog el 15 de Marzo de este año. Me alegro de que por fin se hayan hecho realidad. Queda mucho camino, será difícil, muy difícil, pero hoy es un día feliz. Hoy es un día para celebrar que mañana amaneceros en un país sin la amenaza del terrorismo, un país más libre, un país mejor; mañana será el día de exigir a nuestros políticos sentido de Estado, de acompañar a las victimas en un trance que será duro para ellas, de exigir que la paz no sea el olvido pero que tampoco sea la venganza. Mañana será el día de empezar a trabajar en la paz definitiva.

Ojalá hubiese sucedido mucho antes.

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Doble moral

(Post de @su_yeltes, a la que damos las gracias desde aquí)

A pesar de vivir en un Estado aconfesional, la gente invade nuestras calles estos días con el único fin de manifestar su fe. Lo cual es lícito, que duda cabe, pero especialmente curioso, ya que nos pasamos el resto del año intentando fomentar unos valores que en esta época parece que dejamos a un lado. Es verdad que no todos somos iguales y que mi moral o mis principios cívicos no son los mismos que los del compañero del despacho de enfrente, pero hay, o debería haber,  puntos comunes.

Empecemos por los derechos de la mujer. Actualmente luchamos, día a día, para que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Se promulgan leyes (LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), se fundan entidades ( Instituto de la Mujer), se crean páginas web (www.e-igualdad.nethttp://ec.europa.eu), planes (PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD OPORTUNIDADES (2008-2011) ) y campañas (Campañas por la Igualdad de Género), y se realizan y publican estadísticas que intenten concienciar de que aun hay una desigualdad social real entre hombres y mujeres (salario, presencia en puestos directos); pero luego llega la Semana Santa y sacamos a nuestros hijos a las calles a participar en actos “convocados” por una organización, la Iglesia católica, abiertamente machista.

Machista porque por el mero hecho de tener un sexo u otro impide promocionar a determinados cargos ¿Hay mujeres Obispo? ¿Y han llegado a ser Papas? Claro, que es una entidad privada y funciona según sus estatutos pero ¿no deben estos cumplir la ley? ¿No debería de ser un asunto relacionado con la cualificación y la capacidad y no con el sexo? Porque supongo que alguna mujer estará lo suficientemente preparada (en lo que sea) para ser obispo u optar a elegir o ser elegida Papa. Porque esa es otra, no solo no pueden llegar al cargo, sino que ni siquiera pueden votar para encumbrar a alguien que las represente. En el  Cónclave que elegirá al próximo Papa solo podrá votar el Colegio de Cardenales. como sucede desde la Edad Media, y a pesar de que “cualquier persona católica puede ser elegida”, antes tendrá que ostentar el rango de Obispo, inalcanzable para las féminas. ¿Eso es democracia? Evidentemente no. ¿Es legal que una asociación que recibe fondos del Estado actúe de esta forma? No debería.

Además, la Iglesia situa a la mujer en un segundo plano. Exceptuando a la virgen María, garante de virtudes imposibles como tener un hijo sin practicar sexo, las demás son relegadas a un segundo plano. María Magdalena, fiel compañera de Jesus según las escrituras católicas, nunca ha sido admitida como tal. Incluso se le ha tachado de “mujer alegre”. Con la perspectiva del tiempo, Mº Magdalena se podría equiparar a un Apóstol de aquellos que siguieron a Jesús e incluso le acompañaron en su crucifixión (por cierto, no como Judas o Pedro, que en su momento abandonaron al Señor) Pero claro, la historia, creada durante siglos por varones, no los ha castigado tanto por ser hombres.

Por si fuera poco, la Iglesia católica oculta a sus “siervas” Sí, nos rasgamos las vestiduras cuando otra religión tapa a sus mujeres pero en la “religión mayoritaria” se hace los mismo. ¿Quién vio el pelo a una monja? Vestimentas austeras y pelo corto forman parte su aspecto, evitemosles la tentación de ser vanidosas. En cambio, creo recordar que los hombres pueden elegir su tipo de contrato con Dios, si lo desean podrán ser sacerdotes  (vestir de calle) o pertenecer a cualquier orden (lo que supone un vestuario). Afortunadamente, ya podemos entrar en los templos sin cubrirnos la cabeza, ya que no solo son lugares de culto, sino patrimonio  nacional (mis impuestos los restauran y por ello, independientemente de mi devoción, tengo derecho a disfrutar de ellos).

Sigamos por las libertades individuales y los derechos más elementales, como el derecho a la vida. Año tras año, numerosas campañas intentan concienciar a la sociedad sobre el peligro que supone y los medios disponibles para evitar el contagio del VIH y otras enfermedades vernereas; para no tener embarazos no deseados; para mantener una sexualidad sana y segura. Estos días apoyamos a una Entidad que prohibe y persigue el uso del preservativo, medio más seguro contra estos contagios. Una Entidad que condena la sexualidad fuera del matrimonio, matrimonio que, por otra parte, solo permite a las parejas que tiene a bien, una decisión también muy democratica.

Como conclusión, personal por supuesto, me temo que luego nos daremos de cabezazos contra la pared cuando no logremos terminar con el machismo, punto de inicio de la violencia de género; con la moral del castigo, la intolerancia religiosa y con numerosos problemas sociales (homofobia, discriminación a madres solteras o a parejas que conviven sin estar casadas, perspectiva del divorcio como fracaso, etc) que derivan de una MORAL y de una TRADICIÓN CRISTIANA que como estado aconfesional no debería de OCUPAR sin crítica y sin límites nuestro entorno.

Cada cual es libre de tener las creencias que desee, pero manteniendonos todos dentro de las reglas del juego y no promocionando conductas que afectan al común de la sociedad.

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Laicismo: Francia y España

Sarkozy tiene un problema y está intentando resolverlo por todos los medios. El problema es el avance del Frente Nacional, el partido de la ultraderecha francesa – ellos se consideran de centro-derecha – liderado durante años por Jean Marie Le Pen y ahora por su hija, Marine Le Pen; que en las últimas elecciones cantonales obtuvo el 10% de los votos y al que algunas encuestas, poco fiables eso sí, colocan como segunda fuerza detrás de los socialistas. Y es un problema para el Presidente de la República francesa porque el avance del FN se basa en una continúa sangría de votos por la derecha para su partido, la UMP (Unión por un Movimiento Popular).

Como decía, Sarkozy está haciendo todo lo que está en su mano para atajar el problema: encabeza la coalición aliada que bombardea Libia, frena la Guerra Civil en Costa de Marfil y se abraza a la bandera francesa para reforzar su imagen de duro hombre de Estado e intentar dar un vuelco a las encuentas. En 2009, en una situación similar y con motivo de acontecimientos de gran trascendencia – una pitada a la Marsellesa en un campo de futbol – el Gobierno de Sarkozy lanzó a la sociedad francesa una pregunta “¿Qué es para usted ser francés?” para intentar descubrir las esencias patrias galas y para que los ciudadanos aportasen iniciativas para reafirmar la identidad nacional. Hoy, el Gobierno francés centra el debate en la cuarta pata de la identidad francesa. Ya saben: Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Aunque me haya tomado la libertad de modificar levemente la enumeración, convendrán conmigo en que la laicidad de la República Francesa es también parte de su identidad. Una laicididad que, hasta hoy, nada tenía de anticlerical, basada en el respeto entre la mayoritaria Iglesia Católica y el Estado. Así lo entendía al menos la Conferencia Episcopal gala que hablaba así en 1996 sobre la laicidad del Estado francés: “La separación de la Iglesia y del Estado, después de un siglo de experiencia, puede verse como una solución institucional que, permitiendo de manera efectiva distinguir lo que concierne a Dios y lo que concierne al César, ofrece a los católicos de Francia la posibilidad de ser actores leales a la sociedad”

Hoy en día, cuando el Gobierno francés habla de laicidad no está hablando de la separación entre la Iglesia católica y el Estado, tema por fortuna para los franceses superado: está hablando de la integración de las minorias religiosas en el día a día de la República y en la articulación de esa sociedad multicultural de la que presumía Francia hasta hace no mucho. El debate actual tiene como objetivo “regular algunos usos polémicos del islam” y se centra en el endurecimiento del Código de Laicidad, normativa legal aprobada por Chirac en 2004, y de los textos legales que desde 2010 impiden usar burka en el espacio público. Aunque en Francia la religión musulmana es ya la segunda confesión con mayor número de fieles (6%), como apuntabamos, el debate tiene mucho más que ver con las necesidades electorales de Sarkozy que con la existencia de un verdadero problema religioso, aunque exista de fondo un problema no abordado referente a la integración de estos ciudadanos e inmigrantes.

A pesar de estar viciado por los intereses electorales de la UMP, el debate abierto puede resultar útil traido hasta nuestra piel de toro. En España, las religiones no católicas representan un exiguo 2,6 % de la población según datos del INE, así que cualquier problema religión-Estado está protagonizado por el pez gordo del acuario religioso patrio: la Iglesia católica, intermediaria ante Dios para el 73% de los españoles. ¿Existe en España una separación real entre la Iglesia y el Estado? ¿Es España, como dice la Constitución, un Estado aconfesional? ¿Necesitamos avanzar hacia el laicismo? ¿Hemos escapado de las sotanas de los curas y de los hábitos de las monjas?

Sin profundizar mucho en el tema, les diría que no, que en 30 años de democracia no hemos avanzado mucho en la aconfesionalidad del Estado. En España se sigue procesando a gente por delitos contra los sentimientos religiosos, siguen existiendo capillas en las universidades y crucifijos en las escuelas públicas, sigue sin cumplirse el Concordato Iglesia-Estado en lo referido al sostenimiento económico de la Iglesia y la jerarquia católica sigue intentando imponer su codigo moral a la totalidad de la sociedad con el respaldo del principal partido de la oposición, que hace de las peticiones católicas parte de su programa: aborto, divorcio, matrimonio homosexual. Programa de máximos que la jerarquía católica defiende en la calle con manifestaciones, concentraciones y mítines. Además, aterrorizado por las posibles consecuencias electorales de su promulgación, el Gobierno del rojo y anticlerical Zapatero, se echó atrás a la hora de impulsar una Ley de Libertad Religiosa que regulase el papel del Estado frente a las religiones. En España, a pesar de su evidente necesidad, no existe un debate que aborde el papel de las religiones en la vida pública y la situación de privilegio de la Iglesia Católica. Las únicas iniciativas legislativas relacionadas con este asunto, la relación religión-sociedad, han seguido la linea marcada por Sarkozy en Francia: La prohibición del velo integral en espacios públicos y la sanción a las victimas persiguiendo intereses meramente electoralistas. Demagogia y populismo.

Quedan pocos días para que comience un año más la Semana del Orgullo Católico (a.k.a. Semana Santa) y para que esa manifestación folclorico-religiosa vuelva a cortar el tráfico en el centro de nuestras ciudades  y alteren nuestro calendario laboral y escolar. Procesiones y actos religiosos que suponen gastos para el Estado (también ingresos por turismo, eso sí), retransmitidos por televisiones y radios públicas. ¿Es esa la España aconfesional de la Constitución? ¿Es aconfesional el Estado que sigue considerando los lugares de culto católicos como dotaciones públicas? ¿Es aconfesional el Estado que paga con los impuestos de los ciudadanos la catequesis en centros escolares?

En España, un alto porcentaje de las leyes son papel mojado desde que se promulgan. La Constitución, por desgracia, es un ejemplo más. La aconfesionalidad efectiva del Estado no debe ser solo un conjunto de palabras escritas en una ley, debe ser una realidad por sanidad democrática, para asegurar la convivencia entre las distintas confesiones y los derechos de aquellos que no profesan ninguna religión.

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Dejemos que Sortu sea legal.

El pasado 9 de Febrero, 5 miembros de Sortu presentaron en el Ministerio del Interior los estatutos de la nueva formación con la intención de concurrir a los comicios locales y autonómicos (Navarra) del próximo 22 de Mayo. En esos estatutos, inspirados según dicen en los PSOE, rechazan cualquier forma de violencia, incluida la de ETA. A pesar de reconocer que era un paso importante, el Gobierno trasladó al fiscal los informes de la Policía y de la Guardia Civil en los que se sostenía que Sortu se había creado bajo el control directo de ETA con el objetivo de impedir su inscripción como partido político en el registro del Ministerio del Interior.

Las dudas entorno a los propósitos de la nueva formación se han repetido múltiples veces en los últimos meses, sobre todo en las filas más conservadoras, no necesariamente restringidas al PP. Se afirma que su rechazo de la violencia no es sincero, que es tan solo un maquillaje que busca, únicamente, retornar a las instituciones democráticas. También se habla de planes B, o C; de Sortu como un señuelo, de un pacto con EA, de aplicar una cuarentena, de la misteriosa voluntad del legislador, de que tenemos derecho a desconfiar, del entorno y del entorno del entorno.

Todas estas excusas esconden que en el fondo, haga lo que haga Sortu, la intención de los principales partidos de ámbito nacional (el PNV, como siempre, parece situarse en la cómoda equidistancia) es no permitir que Sortu se presente a las próximas elecciones de Mayo. Primero, se les exigió condenar o rechazar la violencia y cuando lo hicieron, lo dicen sus estatutos, se les obligó a condenar todos y cada uno de los actos, probados o supuestos, de ETA, cosa que también han hecho, rechazando desde la violencia callejera hasta los presuntos planes de ETA de atentar contra el lehendakari o las Torres Kio. Ahora eso ya no vale, hay que condenar, rechazar no sirve, toda la violencia presente, pasada y futura; y además esperar a que ETA desaparezca. Y todo esto sin que Mayor Oreja abra la boca, lo que puede llevar a que las exigencias se amplien hasta dimensiones inimaginables.

Muchos se aferran a una teoría que más parece un dogma bíblico que un principio democrático: si has pertenecido en algún momento a Batasuna – o figurado en sus listas electorales – a ETA o al entorno de la misma, nunca podrás participar en un proceso democrático. Esto es grave, porque sin que medie una condena hemos suprimido el derecho al sufragio pasivo, el derecho a ser votado, de miles de personas que nunca han cometido más delito que pertenecer a un partido político hoy ilegal. ¿Y si algún ex-miembro de Batasuna se afilia al PSE, o al PSOE en otra comunidad? ¿Los ilegalizamos? Pongamos un ejemplo, por supuesto totalmente hipotético. Pongamos que una persona de las que consideramos respetables, digamos un médico o un profesor de universidad, ha figurado en alguna lista de Batasuna en los años 80. Eso no sería extraño, porque durante los 80 HB también se presentaba a las elecciones generales y europeas. Esa persona, pasado el tiempo y por múltiples razones, acaba en unas listas locales del PSOE en Almería, Huesca o Salamanca. ¿Ilegalizamos esas listas del PSOE por llevar en ellas a un antiguo miembro del entorno de ETA?

¿Dónde están escritos todas esos requisitos que ahora imponemos a Sortu? El Estado y los partidos políticos tienen que ser los primeros en cumplir la ley y si Sortu lo hace; el Estado no puede cambiar las reglas del juego a mitad de la partida para evitar que intervengan nuevos jugadores. Si Sortu cumple la ley, y parece que lo está haciendo, el Estado tiene que permitir la inscripción de Sortu en el registro del Ministerio del Interior. Cuando Aralar se separó de Batasuna y rechazó la violencia lo consideramos un éxito. Que surja una nueva marca que rechaza también la violencia debería ser interpretado como un nuevo éxito, no como una afrenta a los caidos, la democracia y la Constitución.

La Ley de Partidos tenía un único objetivo: ilegalizar Batasuna para debilitar a ETA. Fue un éxito que pocos esperaban. La lucha contra el entorno, el esfuerzo policial y la situación internacional han dejado a la banda terrorista al borde de la extinción y han propiciado el rechazo  sus antiguas bases sociales a la estrategia terrorista. Matar a alguien, por desgracia, es fácil y puede suceder que ETA vuelva a matar, pero va siendo hora de asumir que hemos vencido, que hemos derrotado a ETA y que tarde o temprano, yo diría que temprano, ETA va a desaparecer.

Al gestionar esta victoria tenemos que tener presente que el objetivo último tiene que ser integrar en la vida política democrática a todos los ciudadanos de Euskadi, igual que integramos, en ocasiones anteriores, a defensores de otras posturas e ideologías poco democráticas. Que los terroristas paguen con sus crímenes, sí, pero que nadie más se vea lastrado por ellos. La legalización de un partido de la izquierda abertzale que rechaza la violencia y su participación en los procesos democráticos fortalece al Estado y a la democracia y resta argumentos tras lo que ampararse a los violentos.

Legalicemos Sortu, dejemosles participar. Si el tiempo demuestra que nos equivocamos al legalizarlo, el Estado tiene herramientas para actuar, para ilegalizar a la nueva marca, para repudiar de nuevo a los violentos. Por el contrario, si el tiempo demuestra que nos equivocamos al no legalizarlo, al no permitir su presencia en las elecciones del próximo Mayo ¿podremos remediar ese error?

Como dice hoy Eguiguren en El País, pulso firme y mano tendida.

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No al Ministerio del Buen Karma (último comunicado de La Resistencia)

Algún lugar de España, 4 de Marzo de 2018

Escribo estas líneas desde uno de los últimos bunker de la resistencia. Desde un zulo húmedo, iluminado solo por la pantalla del ordenador y forrado por tres capas de papel de aluminio que conseguí ayer de contrabando. No he tenido suficiente para forrarme la cabeza, como recomiendan los manuales de la resistencia, así que he optado por colgar del techo, con un poco de celo y masilla, unas perchas metálicas. Espero que con eso sea suficiente para impedir el rastreo de los satélites de pensamiento.

Nunca pensé encontrarme en una situación como esta, escribiendo una especie de comunicado al mundo, escondido bajo tierra, aterrorizado por cada sonido que escucho fuera de mi último reducto, esperando que en cualquier momento la puerta se abra y se acabe todo. Parece una puta película americana.

Pero no, no es una película. Esto es la vida real aunque parezca el dramático guión de un demente. Una historia sin sentido pero con la misma estructura que una obra clásica: introducción, nudo y desenlace.

En este país, España, siempre hemos sido un poco de cogérnosla con papel de fumar. Bueno, siempre no, digamos que desde hace un tiempo nos habíamos vuelto unos puritanos, unos fundamentalistas de lo políticamente correcto. A nivel público, procurábamos utilizar un lenguaje en extremo medido, que no hiciese daño a nada, ni a nadie. Distintos colectivos velaban porque así fuera, editaban folletos y trípticos pagados con dinero público para enseñarnos a hablar sin herir sensibilidades y criticaban públicamente a los que osaban saltarse estas normas de urbanidad. A todos, seamos sinceros, nos parecía más o menos bien. La mayoría pensábamos que no hacían mal a nadie y que todos tenemos derecho a perseguir causas más o menos quijotescas.

 

He escuchado un ruido arriba, voy a comprobarlo, ahora vuelvo.

No he visto nada, espero que fuese el gato. Continuo…

 

El asunto se complicó un poco con Internet y las redes sociales. Ahora existía un espacio donde todo el mundo podía opinar y hablar sin tapujos. Eso, que en un principio parecía contribuir a la libertad de expresión y a la distribución del porno, pronto se convirtió en un problema para lo primero; el porno siguió fluyendo sin problemas. Estar todo el día hablando, opinando o debatiendo en la red te exponía a poder cometer un error en cualquier momento. Un chiste fácil que disgustase a alguien, un chascarrillo de dudoso gusto o un comentario políticamente incorrecto era rebotado por cientos de personas y a los pocos minutos estabas en los telediarios, la prensa, la radio, el programa de Ana Rosa y se publicaban miles de blog que te criticaban. Además, la explosión de los teléfonos inteligentes con cámaras de foto y video extendía la red a todos los rincones del mundo civilizado. No era necesario estar delante de un ordenador para poder escribir. Desde cualquier lugar se podía chatear, comentar o subir a la red una fotografía o un video al instante. Evidentemente, esto tenía cosas buenas y malas. Permitía un acceso más rápido a la información desde cualquier lugar, pero también permitía que si alguien expulsaba una flatulencia en un botellón, un segundo después todo el mundo pudiese ver el video en Internet.

Todo el mundo opinaba, compartía, hablaba y, de cuando en cuando, alguien metía la gamba y era crucificado en todos los medios. Las empresas, preocupadas por su imagen pero no por sus clientes, empezaron a presionar a sus empleados para que con sus opiniones no les perjudicasen. Si alguien se hacia famoso en Internet por eructar al compás del himno nacional, su empresa le convocaba urgentemente y le despedía porque esa no era la imagen que querían dar al mundo. Un chiste fuera de tono, despedido. Un comentario jocoso en una red social que hería la sensibilidad de alguien, despedido. Una tontería compartida con el mundo llevado por la euforia del alcohol, despedido. Un video en el que aparecías diciendo estupideces borracho con un amigo, despedido. Daba igual que la empresa no tuviese ninguna relación con el comentario de su empleado, que lo hubiese dicho tirado en el sofá o en una conferencia en el círculo de Bellas Artes; daba igual, lo importante era mantenerse al lado de lo políticamente correcto. Las empresas empezaron a guiarse por la opinión de la red y a infiltrarse en las redes sociales para controlar a sus empleados, lo que pensaban y lo que decían.

Evidentemente, el Gobierno y los partidos políticos no tardaron en tomar cartas en el asunto y legislaron al respecto: espiar a los empleados era perfectamente legal. Hubo algunas protestas, pero el gobierno las sofocó diciendo que era una forma de ganarnos la confianza de los mercados; unas empresas con empleados mentalmente estables, educados y políticamente correctos eran más de fiar que unas que estuviesen llenas de borrachos bocachanclas con opiniones poco respetables. Sí, el portavoz del gobierno dijo bocachancla y sí, a nadie le extrañó.

Estas medidas hicieron que cada vez más gente fuese despedida por irse de la lengua y obligó a los empleados a adaptarse. También se adaptaron los ingenieros chinos y los bazares de la misma nacionalidad, que enseguida pusieron a la venta dispositivos que, conectados al móvil o al portátil, impedían acceder a Internet si no estabas sobrio.

La presión se hacía tan insoportable que la ciudadanía se movilizó y organizó quedadas digitales en las que se contaban chistes sobre las minorías étnicas y las religiones, se intercambiaban chascarrillos sexistas y se insultaba a los políticos. La iniciativa tuvo éxito y llegó a los representantes políticos que negociaron urgentemente una solución: el Gobierno despidió por Real Decreto a todos los que habían participado en el citado evento y creó una nueva división de la Guardia Civil para perseguir este tipo de delitos, que quedó tipificado en el código penal como “Delito de buenas maneras” y que se juzgaba, por la vía urgente, en la Audiencia Nacional. Como explicó el responsable del renombrado Ministerio del Interior y del Buen Karma, no se perseguía la libertad de expresión, ni las opiniones libres de cada uno, solo aquellas que hiciesen daño a alguien. Ya saben el dicho, comentó el ministro, mi libertad acaba donde empieza la de los demás.

Cientos de personas acabaron en la listas del paro y en la cárcel por comentarios inapropiados. A otras, todas las medidas tomadas les parecían pocas e instaron al gobierno a profundizar en la limpieza del karma de la nación. Ante la llegada de las elecciones, los políticos se pusieron a trabajar e idearon un sistema revolucionario para el control de las opiniones: lanzaron al espacio desde la base de la Guayana francesa tres satélites geoestacionarios que registraban todo lo que se opinaba en la red, en la calle o en los bares. La medida fue muy aplaudida, pero pronto pareció escasa. La gente seguía pensando cosas inapropiadas y de mal gusto. Un nuevo satélite, capaz de leer el pensamiento, fue lanzado inmediatamente para completar la red de registro de la opinión.  Con este, ya nada escapa a la Unidad de Buen Karma de la Guardia Civil. Todo aquel que dijese o pensase algo inapropiado sobre los judíos, los gitanos, los bizcos, los bajitos o las suegras acababa ante un juez. La mayoría de ellos pasó un par de años en la cárcel asistiendo a programas de reinserción que les ayudaba a controlar sus impulsos. Los últimos datos dados por el Ministro del Interior y del Buen Karma hablaban de seis millones de españoles, la mayoría con títulos universitarios, entre rejas por delitos de opinión.

Parecía una pesadilla, pero era real. Hoy apenas quedan en España sitios donde expresarse en libertad o donde contar chistes verdes. Se han organizado lugares de acceso a la red protegidos, forrados de plomo o de papel de aluminio, pero a la misma velocidad que se crean, la Guardia Civil los desmantela. Sí, es verdad que en la calle todos somos ahora mucho más amables, pero la libertad de expresión debería ser sagrada.

 

He vuelto a escuchar algo arriba. Creo que oigo pasos. Dios, han venido a por mi, no han servido de nada las perchas.

Ya bajan por las escaleras, aporrean la puerta, se acabó.

Difundid mi mensaje si aún sois libres……

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¿#Nolesvotes?

Si usted frecuenta eso que llamamos redes sociales habrá asistido en los últimos días a los primeros pasos de un movimiento de rechazo a los principales partidos políticos denominado No les votes. También es posible que haya leido opiniones a favor y en contra del movimiento. Las opiniones a favor suelen estar firmadas por sus impulsores y, en general, por aquellos ciudadanos descontentos con los partidos y, en especial con la Ley Sinde. Las opiniones en contra suelen salir desde dentro de los propios partidos y desde sus cercanías (afiliados, militantes, simpatizantes, etc.) No todas, en uno y otro bando, son muy afortunadas.

Seamos sinceros: esta opinión que van ustedes a leer, si siguen a estas alturas leyendo, surge de alguien que está a medio camino entre unos y otros. Soy afiliado a un partido político (pago religiosamente mis cuotas) pero no me gusta como funcionan, ni me gusta por supuesto la Ley Sinde. Esto no quiere decir que sea imparcial ni que me encuentre en posesión de esa quimérica verdad que dicen se encuentra en el centro (sea eso donde sea), solo expongo lo anterior para que sepan con quien hablan (o a quien leen).

La Ley Sinde, que ha servido de catalizador de este movimiento, no es el principal problema de este país. Es una mierda, sí, no va servir para nada, también, responde a las presiones de un lobby cercano al gobierno y a las “sugerencias” de otros paises, es verdad; pero resulta sorprendente que hayamos tenido que esperar a su aprobación para montar las barricadas. ¿Y el paro? ¿Y la fractura del Estado del Bienestar? ¿Por qué no hemos salido a las calles por esto? La Ley Sinde es importante, muy importante, incluso si no lo fuera no podríamos reprochar a nadie que luchara por defender su posición al respecto; pero echo en falta que el movimiento tenga miras más amplias. Que una sociedad como la española se movilice es positivo, que lo haga solo por esto es chocante. A mi me gustaría ver movimientos, o a este mismo, defendiendo la Sanidad Pública, la Educación Pública, la Ley de Dependencia; luchando contra el maltrato o apoyando causas cien veces más importantes que esta. Me dirán que es un movimiento de hartazgo hacia toda nuestra clase política. En primer lugar esto no es del todo cierto, señalan a PP, PSOE y CiU, los que votaron afirmativamente a la Ley Sinde; y en segundo lugar es caer de nuevo en el viejo y dañino tópico de que son todos iguales. Incluso entre esos tres partidos hay evidentes diferencias. Sí, también dicen que lo que buscan es una ciudadanía informada y que no piden a nadie su voto o su abstención; pero primero señalan con el dedo a los malos de la película.

Con todo, me alegro mucho de que por fin estén surgiendo estos movimientos. De que por fin, sea como fuere, haya gente implicándose en la defensa de sus intereses y de sus ideas. Movimientos de base que permitan al ciudadano organizarse, opinar y aportar. La Ley Sinde no es el principal problema de este país pero sí es un síntoma del mal funcionamiento de los partidos políticos. Creo que era Ernesto Guevara (Che Guevara) quien decía que las ideas sin organización no sobrevivirían. Hoy en día el problema es que los partidos políticos, la organización, se ha convertido en muchas ocasiones en un bunker refrigerado donde las ideas ni se crean, ni se destruyen, ni se transforman. El reto de los partidos es abrirse a la sociedad, escucharla y responderla. Los partidos no son permeables a la ciudadanía que les rodea porque tan solo una minoría tiene voz y voto dentro del búnker. No quiero decir que los partidos sean poco democráticos, que en ocasiones lo son, quiero decir que muy poca gente participa en la vida de los partidos políticos que luego toman las decisiones. ¿Cuántas personas decidieron el candidato a la Comunidad de Madrid del PSOE? ¿Cuántas toman la decisión en Barcelona? Y menciono estos casos por no hablar de la digitocracia de otros partidos.  Por suerte o por desgracia, hasta que encontremos una forma más efectiva y representativa de tomar decisiones en democracia, los partidos son y serán fundamentales. Que nuestros partidos gocen de buena salud, que nuestros partidos funcionen bien, hará que nuestra democracia funcione y esto será más fácil cuanto más gente se implique en el día a día del sistema.

Internet y las redes sociales han abierto una ventana en el búnker de la partitocracia pero todavía es estrecha. Estas iniciativas, aunque se puedan equivocar en los objetivos y en las formas, ayudan a ensancharla.

Bienvenidas sean todas, aunque no compartamos sus ideas, aunque esta vez no estemos de acuerdo.

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Nosotros no necesitamos a Berlusconi

Si alguna nueva ley diseñada por y para él no lo impide, Silvio Berlusconi, finalmente, se sentará en el banquillo de los acusados. Pero al igual que Al Capone terminó entre rejas por evasión de impuestos, Berlusconi tiene el agua al cuello por prostitución de menores y abuso de poder, delitos grave, que duda cabe, pero que deben dejar un sabor agridulce en todos aquellos que llevan años denunciando los oscuros orígenes de su riqueza, sus contactos con la mafia, la corrupción de sus gobiernos. Sea como fuere, la imagen de Berlusconi en el banquillo debe ser el comienzo del final de la anormalidad democrática que supone su presencia al frente del Gobierno de Italia. Con un poco de suerte, y si la destartalada oposición no lo impide, Italia puede dejar de ser un país que funciona, a pesar de su gobierno, impulsado por la inercia.

Recordar a Berlusconi nos permite respirar aliviados cuando pensamos en nuestra propia democracia. Podía ser peor, nos decimos. Podríamos tener al frente del Gobierno a Mario Conde, al difunto Jesús Gil, a Ruiz Mateos o al todopoderoso Florentino Pérez. Pero este alivio momentáneo no nos debe impedir pensar en las pequeñas anormalidades de nuestra propia democracia. Por ejemplo, en el levante, varios dirigentes políticos piensan que el aval de las urnas, el masivo apoyo popular, es similar a un indulto frente a cualquier tipo de delito. Y lo que es más grave: buena parte de la ciudadanía piensan que esto es cierto. Que los responsables políticos se piensen inmunes por obtener buenos resultados electorales es peligroso; pero que la muchedumbre los aplauda, los defienda y los jalee a la puerta de los juzgados es descorazonador.

Otra de las particularidades de nuestra democracia es que nuestros políticos pueden decir lo que quieran sin que tengan que rendir cuentas por ello. Insultos, descalificaciones, mentiras e insinuaciones están consentidas y bien vistas, tanto por los compañeros como por la ciudadanía. Incluso denigrar leyes que ellos mismos han apoyado, valiéndose del desconocimiento general del funcionamiento de nuestra democracia. Es parte del trabajo, deben pensar; lo importante es demostrar que el adversario político es un despojo, calaña, indigno de confianza y responsabilidad. La bula para el insulto en ocasiones va grapada al acta de diputado. Llamar debate a las jornadas de gritos, reproches y acusaciones que habitualmente se ven en el Congreso o en el Senado – ayer sin ir más lejos – es pecar de indulgencia. Por supuesto, a una buena parte de nuestros conciudadanos esto les parece lo más normal del mundo y aplauden a rabiar los argumentos de su bando, digan lo que digan, y abuchean al rival, digan lo que digan.

Si ustedes pasean por el centro de sus ciudades quizá tengan suerte y se crucen con otra de las particularidades democráticas ibéricas: las manifestaciones de afectados por las leyes y la realidad. Ley para regular el consumo de tabaco en lugares públicos: manifestación de dueños de bares y discotecas afectados. Ley de salud sexual: manifestación de los afectados por lo que hagan otros con su cuerpo y con su vida. Retirada de los crucifijos de los colegios: manifestación de católicos y del gremio de carpinteros. Regulación del consumo de alcohol en la calle: manifestación de adolescentes. Día mundial del rezo, la oración, el rosario o la Virgendealgo: manifestación de católicos, madres y padres de bien, familias numerosas y jubilados. Ningún cambio legislativo: manifestación de artistas para ver que hay de lo suyo. Todo acompañado de festivas pancartas y graciosos lemas que insultan al adversario y se acuerdan de sus familiares más cercanos.

Vivimos en un país democrático, pero nuestra democracia es propia e inimitable, una democracia ibérica que nos une con lo mejor de nuestra historia: el caciquismo, el populismo, el nepotismo y el despotismo. En algunos casos, el gobierno de los menos válidos con el aplauso de la plebe. Muchos ciudadanos han dejado de serlo y se han convertido en hooligans, en aficionados radicales a una verdad sin mancha que utilizan su derecho al voto con la misma soltura en programas de televisión que en urnas selladas. Ciudadanos abrazados a dogmas sin argumentos.

Bienvenidos a la oclocracia ibérica.

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